Conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas constituye una de las principales causas de siniestros de tránsito en México y el mundo. Según datos de la NHTSA, en 2021 en Estados Unidos, el 31% de todas las fatalidades en accidentes de tráfico involucraban a conductores ebrios (con BACs de .08 g/dL o más alto).
Además, la Organización Mundial de la Salud señala que el conducir bajo la influencia del alcohol es un factor de riesgo clave para el 27% de todas las lesiones viales. En México, la incidencia de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y drogas es alarmantemente alta.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), cerca del 70% de los accidentes de tránsito están relacionados con el consumo de alcohol.
Este comportamiento irresponsable pone en riesgo la vida del conductor y amenaza la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, desde peatones hasta otros conductores. El impacto de este fenómeno se manifiesta en diversas dimensiones.
Impacto en la salud
El alcohol y las drogas alteran significativamente las capacidades cognitivas y motoras del conductor, incrementando exponencialmente el riesgo de atropellamientos, choques y volcaduras.
Por ejemplo, un BAC de .02 g/dL puede reducir la función visual y la capacidad de realizar dos tareas a la vez, un BAC de .05 g/dL disminuye la coordinación y aumenta los tiempos de reacción ante situaciones de emergencia y un BAC de .08 g/dL y más alto compromete seriamente la coordinación muscular, percepción, memoria y autocontrol.
La disminución de capacidades incrementa de manera importante la posibilidad de generar siniestros de tránsito que resultan en fatalidades, lesiones graves y permanentes, tales como traumatismos craneoencefálicos, fracturas complejas y discapacidades que cambian vidas.
El costo humano es inmenso, con familias enteras afectadas por la pérdida o la discapacidad severa de sus seres queridos. Además, el sistema de salud se ve presionado al tener que destinar recursos significativos para el tratamiento de las víctimas, recursos que podrían emplearse en otras áreas críticas de la atención médica.
Impacto económico
Los siniestros de tránsito en México no solo resultan en una alarmante cifra de muertes anuales, sino que también provocan un número significativo de discapacidades permanentes y tienen un profundo impacto económico.
Anualmente, más de 32,000 personas adquieren una discapacidad permanente debido a estos incidentes, lo que transforma drásticamente sus vidas y las de sus familias (ANASEVI, 2021).
Estas discapacidades no solo conllevan un costo humano y emocional enorme, sino que también afectan la productividad económica de manera significativa.
Las pérdidas económicas incluyen desde costos directos como gastos médicos y funerarios hasta costos indirectos como la pérdida de productividad laboral, tanto por la ausencia de las personas afectadas como por la pérdida de personal especializado.
A nivel global y específicamente en países de ingresos bajos y medios, los siniestros de tránsito pueden llegar a costar hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
Esta cifra incluye los costos asociados a la atención médica prolongada, las pérdidas de ingresos debido a la discapacidad o muerte de las personas económicamente activas, y los costos asociados a la respuesta de emergencia y atención médica de largo plazo (World Road Association (PIARC).
Atención de Urgencias Médicas
La atención médica inmediata para víctimas de siniestros de tránsito en México representa una carga económica significativa debido a los costos asociados con el traslado en ambulancia, atención de emergencia, cirugías, hospitalizaciones prolongadas y rehabilitación.
Estos costos afectan profundamente no solo al sistema de salud pública y a las aseguradoras, sino también a las familias de las víctimas, que a menudo deben enfrentar gastos imprevistos y devastadores.
El coste de la atención médica de emergencia para los siniestros de tránsito es un componente fundamental del gasto en salud pública. Por ejemplo, los servicios de ambulancia y la atención médica de emergencia son esenciales para tratar eficazmente a las víctimas de accidentes de tráfico, lo que implica un alto costo para el sistema de salud (Cambridge University Press & Assessment).
Impacto social
Socialmente, los siniestros de tránsito provocados por conductores intoxicados erosionan el tejido de confianza y seguridad que sostiene a nuestras comunidades. Familias devastadas por la pérdida de seres queridos, niños y jóvenes privados de un futuro, y el miedo constante de ser la próxima víctima son solo algunas de las secuelas de esta problemática.
Además, la percepción de inseguridad en las vías públicas puede disuadir a las personas de utilizar modos de transporte activos y sostenibles, como el ciclismo o el caminar, esenciales para el bienestar de la población y la sostenibilidad urbana.
Además, los accidentes viales tienen un impacto directo en la pobreza y el bienestar económico de los hogares afectados, con un alto porcentaje de víctimas discapacitadas que pierden sus empleos y enfrentan grandes dificultades para reingresar al mercado laboral.
Las familias afectadas a menudo experimentan una disminución significativa en sus ingresos y un aumento en la carga financiera debido a los costos médicos y de cuidado a largo plazo (Worl Bank).
Impacto judicial y penal
Desde la perspectiva judicial, conducir bajo la influencia de sustancias psicoactivas es un delito que conlleva serias consecuencias legales. Las sanciones pueden variar desde multas y la suspensión de la licencia de conducir hasta la prisión, dependiendo de la gravedad del incidente y si resultó en daños materiales, lesiones o la muerte de terceros.
El artículo 93 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. señala que «Queda prohibido conducir en estado de alteración psicofísica, o bajo sospecha de ingestión de alcohol, de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos fármacos cuyo uso afecte su capacidad para conducir. La prescripción médica no exime la prohibición».
El reglamento advierte que los conductores no podrán manejar cuando tengan una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro.
Los conductores de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y transporte privado tienen prohibido conducir cuando tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.3 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.0 miligramos por litro.
La multa que se puede aplicar por manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia ilícita es de 100 a 200 veces el salario mínimo. Actualmente, el salario mínimo es de 248.93 pesos, por lo que la multa podría ser de 24,893 pesos a 49,786 pesos.
Además de la multa, el agende de la Policía Federal pondrá al conductor a disposición del Ministerio Público de la Federación, para los efectos a que haya lugar, e informará a la autoridad que emitió la licencia sobre la infracción cometida, para los efectos legales correspondientes.
La multa por manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga en el Estado de México es de 20 UMA (2,171.4 según el valor de la UMA de 2024). En la Ciudad de México la multa por manejar en estado de ebriedad es de 60 UMA (6,514.20), además de otras sanciones como: arresto inconmutable de 20 a 36 horas, seis puntos de penalización a la licencia para conducir y remisión del carro al depósito vehicular.
En el Estado de México, si el conductor va acompañado de alguien que pueda conducir el vehículo, esta persona deberá manejarlo a su destino; de lo contrario será remitido al depósito vehicular más cercano.
En cuanto a las cantidades de alcohol permitidas, tanto en el Estado de México como en la CDMX, la cantidad de alcohol en sangre no puede ser superior a 0.8 gramos por litro y en aire espirado a 0.4 miligramos por litro.
Los conductores de vehículos de transporte público de pasajero, de transporte de carga o transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en sangre o en aire espirado.
Estas sanciones buscan no solo castigar el comportamiento irresponsable, sino también servir como un fuerte disuasivo. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende en gran medida de la capacidad del sistema judicial para procesar estos casos con eficacia y justicia, desafiando la impunidad y promoviendo la responsabilidad.
Recomendaciones
La prevención es clave para abordar la conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas. Campañas de concientización que resalten las consecuencias legales, sociales y sobre todo humanas de estos actos (ejemplo campaña en Chile aquí).
La educación vial debe enfatizar la responsabilidad individual y colectiva en la preservación de vidas. El fortalecimiento de la legislación y su cumplimiento son fundamentales, pero igualmente lo es promover una cultura de prevención y cuidado mutuo.
El desafío es grande, pero no insuperable. Con una estrategia integral de políticas públicas que incluya educación, legislación, aplicación de la ley y promoción de alternativas de movilidad segura, México puede avanzar hacia un futuro en el que las carreteras sean seguras para todos.
Este es un llamado a la acción para todos: autoridades, sociedad civil, sector privado y cada individuo. Solo así podremos transformar nuestras calles en espacios de convivencia y seguridad, y no de tragedia. Seguridad vial somos todos.
